Ya hace mucho tiempo que los periódicos dejaron de ser objetivos, si es que lo fueron en algún momento a lo largo de la constantemente cuestionada historia del periodismo. Esa no es ninguna novedad. El "nuevo periodismo" permite que la interpretación no se encierre solo en determinadas secciones, como ocurría en los viejos y amarillentos ejemplares que reposan en las estanterías de las hemerotecas, sino que facilita su extensión, sin miramientos, desde la primera a la última página de cada tirada. En los días de crisis en que vivimos, el que no toma postura es arroyado por la vorágine informativa y el punto de vista sesgado pasa a convertirse en una trinchera ideal en la que protegerse de las tempestades argumentativas y de los editoriales arrojadizos de los contrarios. Así son las reglas del juego.
En la mayoría de los casos, una misma noticia puede cambiar paracticamente de significado en función de la perspectiva y las estadísticas de las que eche mano el periodista para reforzar su información. Como ejemplo, baste con sacar a la palestra el acalorado debate sobre la educación en España, siempre entre alfileres, que ha levantado la decisión del Tribunal Supremo de revocar la reforma del Bachillerato que propuso el Gobierno de Zapatero para contener el abandono escolar. He aquí dos propuestas encontradas para entender una misma realidad.
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Como dice el sociólogo y psicoanalista esloveno, Slavoj Žižek , los objetos ya traen en su interior la mirada del otro ... y las noticias también. Solo falta por saber quién es ese otro él que mira.
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Sentencia por la mediocridad
La propuesta del Gobierno que buscaba una modernización necesaria del Bachillerato español ha sido anulada por el Tribunal Supremo. La medida diseñada por el Ministerio de Educación tenía como principal objetivo la reducción del abandono escolar, un problema verdaderamente acuciante ya que el 31% de los jóvenes dejan de estudiar después de la educación obligatoria, una cifra que duplica la media de la Unión Europea.
El “curso puente” que se proyectaba desde la cartera dirigida por Mercedes Cabrera estaba previsto para su puesta en práctica a partir del próximo curso. La controvertida medida, que finalmente no llegará a aplicarse, consistía en darles a los alumnos la opción de cursar un “año intermedio” entre 1º y 2º cuando acumulasen no más de cuatro asignaturas suspensas. De este modo los estudiantes podrían completar el curso con algunas materias avanzadas de 2º, además de las pendientes que ya venían arrastrando. Finalmente, lo que nacía como un voto de confianza para la juventud fue cortado de raíz por la máxima instancia del Poder Judicial.
A pesar de las críticas recibidas con especial contundencia por los miembros de la oposición y por otros organismos como la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), los argumentos del ministerio han sido claros desde un principio. Los alumnos de Bachillerato tendrían que aprobar de igual manera todas las asignaturas pero con esta norma, muerta antes de nacer, se les evitaría la frustración de tener que cursar por segunda vez las materias ya superadas.
La decisión del Supremo ha escogido el camino de la rigidez y el de la apatía en lugar de optar por la senda, muchas veces olvidada por las estructuras del Estado, de dar facilidades y apoyo a los jóvenes estudiantes en unos años decisivos para su formación y en los que, para más inri, deben decidir en un corto espacio de tiempo qué dirección tomar para dilucidar su futuro académico o profesional.
Con la sentencia ya en firme, la ministra Cabrera ha asegurado que “seguirán buscando alternativas” para mejorar y modernizar la educación española. Cada año, el 23% de los estudiantes de 1º de Bachillerato repite (porcentaje que va desde el 28% en Baleares al 13,5% en el País Vasco), según los últimos datos del Ministerio de Educación en 2007. La situación de las aulas en nuestro país no es buena pero solo se podrá revertir si todos remamos en la misma dirección.
El “curso puente” que se proyectaba desde la cartera dirigida por Mercedes Cabrera estaba previsto para su puesta en práctica a partir del próximo curso. La controvertida medida, que finalmente no llegará a aplicarse, consistía en darles a los alumnos la opción de cursar un “año intermedio” entre 1º y 2º cuando acumulasen no más de cuatro asignaturas suspensas. De este modo los estudiantes podrían completar el curso con algunas materias avanzadas de 2º, además de las pendientes que ya venían arrastrando. Finalmente, lo que nacía como un voto de confianza para la juventud fue cortado de raíz por la máxima instancia del Poder Judicial.
A pesar de las críticas recibidas con especial contundencia por los miembros de la oposición y por otros organismos como la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), los argumentos del ministerio han sido claros desde un principio. Los alumnos de Bachillerato tendrían que aprobar de igual manera todas las asignaturas pero con esta norma, muerta antes de nacer, se les evitaría la frustración de tener que cursar por segunda vez las materias ya superadas.
La decisión del Supremo ha escogido el camino de la rigidez y el de la apatía en lugar de optar por la senda, muchas veces olvidada por las estructuras del Estado, de dar facilidades y apoyo a los jóvenes estudiantes en unos años decisivos para su formación y en los que, para más inri, deben decidir en un corto espacio de tiempo qué dirección tomar para dilucidar su futuro académico o profesional.
Con la sentencia ya en firme, la ministra Cabrera ha asegurado que “seguirán buscando alternativas” para mejorar y modernizar la educación española. Cada año, el 23% de los estudiantes de 1º de Bachillerato repite (porcentaje que va desde el 28% en Baleares al 13,5% en el País Vasco), según los últimos datos del Ministerio de Educación en 2007. La situación de las aulas en nuestro país no es buena pero solo se podrá revertir si todos remamos en la misma dirección.
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Suspenso en educación
El Tribunal Supremo ha tomado una decisión que puede verter un poco de luz en el enorme pozo sin fondo en el que ha caído la educación española.
La máxima instancia del Poder Judicial ha revocado una de las medidas más controvertidas de la reforma del Bachillerato diseñada por el Gobierno de Zapatero al anular la posibilidad de que los alumnos de primer curso puedan pasar a segundo con hasta cuatro asignaturas suspensas. Esta norma, contenida en un real decreto de 2007, ofrecía a los estudiantes la oportunidad de elegir entre repetir el año escolar completo o solo las asignaturas suspendidas en complemento con algunas materias avanzadas del curso siguiente.
Con la acción del Supremo las aulas españolas pondrán, a partir de ahora, más trabas a la mediocridad de un sistema educativo que sigue sin convencer a nadie. De este modo el notable deterioro que, en los últimos años, ha sufrido la calidad de la enseñanza de nuestro país se verá respaldada por una medida que huye del “facilismo” en favor de la “cultura del esfuerzo”, tal y como abogaban las voces más críticas con la postura del Ministerio de Educación en torno a esta cuestión.
La cartera dirigida por Mercedes Cabrera, aún acatando la sentencia, no renuncia a buscar alternativas que, ateniéndose a la LOE, alcancen el objetivo que buscaban desde un primer momento: evitar que los alumnos tengan que volver a cursar asignaturas ya aprobadas y así, según sus propias palabras, lograr “una modernización del bachillerato”. Una modernización que, como siempre, se basa en la ley del mínimo esfuerzo.
El eterno debate sobre la educación sigue abierto. Los datos que el Informe PISA, elaborado por la OCDE cada tres años, no nos invitan precisamente a ser optimistas. Los resultados de 2006 sitúan a España como uno de los países peor parados de la Unión Europea, sólo por delante de Rumanía, Bulgaria y Grecia. Los indicadores evaluados en materia educativa no dejan lugar a dudas: 24 puntos por debajo de la media y 20 puntos de descenso respecto al último informe.
Ante un panorama tan desolador la Justicia ha salido al paso para quitarle la razón al Gobierno en una materia, la educación, en la que suspende desde 2004. El fallo del Tribunal Supremo supone un halo de lucidez entre la constante pasividad de unos gobernantes que acostumbran a mirar para otro lado.
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